La suspensión de desahucios por vulnerabilidad es una medida legal que protege a las personas en situación de vulnerabilidad económica, evitando temporalmente la pérdida de su vivienda cuando no disponen de una alternativa habitacional.
Pueden beneficiarse de esta protección las personas y familias que acrediten una situación de vulnerabilidad y cumplan los requisitos establecidos legalmente.
En general, la ley ofrece la posibilidad general de solicitar una suspensión de 2 o 4 meses (según el arrendador sea persona física o jurídica), con la crisis del COVID, además, se acordaron suspensiones extraordinarias que acabaron en diciembre de 2025.
Ahora, el recientemente publicado Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, introduce modificaciones importantes, entre ellas la ampliación de determinadas medidas de protección hasta el 31 de diciembre de 2030.
¿Qué es la suspensión de desahucios por vulnerabilidad?
La suspensión de desahucios por vulnerabilidad es una medida legal que permite paralizar temporalmente un procedimiento judicial para proteger a las personas que carecen de una alternativa habitacional.
La suspensión de desahucios por vulnerabilidad no elimina el procedimiento judicial ni las obligaciones del contrato de alquiler, sino que aplaza su ejecución cuando se cumplen los requisitos legales. Es decir, que se paraliza la orden de lanzamiento aunque exista una sentencia que ha acordado que se lleve a cabo el desalojo.
El artículo 2 del Real Decreto-ley 29/2026 regula esta protección, teniendo en cuenta la situación del ocupante y las características del demandante. Además, contempla la intervención de las administraciones públicas para facilitar soluciones habitacionales.
¿Qué requisitos hay que cumplir para que se suspenda el desahucio?

Los requisitos para la suspensión del desahucio por vulnerabilidad están relacionados principalmente con la situación económica del afectado y la falta de una alternativa habitacional.
Para solicitar esta protección deben valorarse las siguientes circunstancias:
- Situación de vulnerabilidad: encontrarse en dificultades económicas o sociales que justifiquen la protección. La ley regula una serie de límites económicos, que, en caso de superarse, se entiende que existe vulnerabilidad económica.
- Ausencia de alternativa habitacional: no disponer de otra vivienda adecuada.
- Acreditación documental: justificar la vulnerabilidad mediante informes de los servicios sociales u otros documentos válidos.
- Circunstancias del propietario: comprobar quién solicita el desahucio y si existen excepciones legales. Pues no se aplican los mismos requisitos ni plazos de suspensión en caso de estar ante un “fondo buitre” o de una persona que tiene una segunda vivienda para alquilar.
Sin embargo, para cumplir los requisitos para la suspensión por desahucio por vulnerabilidad no garantiza la suspensión automática, ya que el tribunal debe valorar cada caso.
Se trata de una medida excepcional, por tanto, el juez ha de asegurarse que se cumplen todos los requisitos.
¿Cuánto tiempo dura la suspensión del desahucio?
El plazo para la suspensión del desahucio depende de las circunstancias de cada caso. El Real Decreto-ley 29/2026 amplía determinadas medidas de protección hasta el 31 de diciembre de 2030, aunque esto no implica una suspensión automática.
En determinados supuestos, la suspensión será obligatoria si se cumplen los requisitos legales. En otros, tendrá una duración máxima de tres años, con revisiones judiciales cada doce meses. Por tanto, el plazo de suspensión para el desahucio puede finalizar antes si desaparece la situación de vulnerabilidad o se facilita una alternativa habitacional adecuada.
¿Quién puede solicitar la suspensión del lanzamiento?
La suspensión del lanzamiento puede beneficiar a personas en situación de vulnerabilidad económica que no dispongan de una alternativa habitacional. Para solicitar la suspensión del lanzamiento, es necesario acreditar la situación personal y económica mediante la documentación correspondiente.
Es muy importante demostrar la falta de recursos económicos y que es imposible acceder a otra vivienda alternativa.
Esta protección puede aplicarse incluso cuando ya existe una resolución judicial de desahucio, siempre que el lanzamiento no se haya ejecutado y se cumplan los requisitos legales. Por ello, es recomendable contar con asesoramiento jurídico especializado.
Trámites para acreditar la situación de vulnerabilidad
Para acreditar la vulnerabilidad de un desahucio, es necesario presentar documentación que justifique la situación económica y familiar, como justificantes de ingresos, certificados de prestaciones o informes sociales.
La intervención de servicios sociales en desahucio es fundamental para valorar la situación de vulnerabilidad y las necesidades habitacionales. Y a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, el Tribunal correspondiente ha de dar cuenta a los servicios sociales competentes de este tipo de situaciones.
Esta documentación debe presentarse ante el juzgado correspondiente. En determinados casos, el lanzamiento puede suspenderse provisionalmente mientras el tribunal resuelve la solicitud.
Organismos competentes: servicios sociales y juzgados
En los procedimientos de desahucio intervienen los juzgados y los servicios sociales u organismo que designe la Administración competente. Los primeros determinan si procede la suspensión, mientras que los segundos evalúan la situación de vulnerabilidad y buscan alternativas habitacionales.
La intervención de servicios sociales en desahucio es fundamental para obtener informes y acceder a los recursos disponibles. Por ello, para acreditar vulnerabilidad respecto al desahucio, es recomendable acudir cuanto antes a los servicios sociales y reunir la documentación económica y familiar necesaria.
Novedades del decreto-ley 29/2026 respecto a la normativa anterior
El decreto-ley 29/2026 sobre desahucios introduce importantes novedades respecto a arrendamientos, como la ampliación de determinadas medidas de protección hasta el 31 de diciembre de 2030.
Esta suspensión especial, sólo se puede pedir en casos de vulnerabilidad y falta de alternativa habitacional, cuando el dueño de la vivienda es una entidad a adquirir inmuebles o carteras de préstamo hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado, con el objeto de eludir los mecanismos de función social de la vivienda o maximizar su rentabilidad. Lo que vulgarmente conocemos como “fondos buitres”.
Además, establece suspensiones de hasta tres años, con revisiones cada doce meses, cuando el demandante no es un “fondo buitre”, se dan los requisitos de vulnerabilidad y falta de alternativa habitacional y la administración pública competente no puede ofrecen una solución residencial.
También contempla compensaciones para propietarios y mecanismos que permiten a la Administración ofrecer una alternativa habitacional o asumir deudas de alquiler.
No obstante, existe una excepción importante, si el demandante es una persona física con dos o menos viviendas, aunque exista vulnerabilidad, no se acordará la suspensión extraordinaria.
En definitiva, el decreto-ley 29/2026 sobre desahucios refuerza la protección de las personas vulnerables y modifica las obligaciones de las administraciones públicas.
¿Qué hacer si te van a desahuciar? Pasos a seguir
Si necesitas saber qué hacer si te van a desahuciar, es fundamental actuar cuanto antes y seguir estos pasos:
- Revisar la demanda judicial: comprobar los motivos del desahucio y los plazos establecidos.
- Consultar con un abogado: conocer las opciones legales disponibles.
- Acudir a los servicios sociales: solicitar ayuda para acreditar la vulnerabilidad.
- Reunir documentación: aportar justificantes económicos y familiares.
- Solicitar la suspensión: presentar la solicitud ante el juzgado cuando se cumplan los requisitos legales.
Para solicitar la suspensión del lanzamiento, es importante respetar los plazos judiciales, incluso cuando ya existe una resolución de desahucio.
Por tanto, saber qué hacer si te van a desahuciar y contar con asesoramiento jurídico especializado puede resultar decisivo para proteger tus derechos.
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