El acceso a una vivienda digna se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles. En este contexto, el conocido como el Decreto Maricarmen ha adquirido especial relevancia por las medidas destinadas a proteger a los inquilinos y regular determinados procedimientos de desahucio.

En realidad se trata del Real Decreto-Ley 29/2026 de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible. Pero vulgarmente se ha comenzado a llamar Decreto Maricarmen por su coincidencia con la noticia del lanzamiento de dicha señora que fue noticia nacional.

Pero ¿el Decreto Maricarmen qué es exactamente? ¿Qué novedades introduce y cómo afecta a propietarios e inquilinos? A continuación, explicamos sus principales modificaciones y las consecuencias jurídicas que deben tenerse en cuenta.

¿Qué es el decreto Maricarmen o decreto-ley 29/2026?

El Decreto Maricarmen, como decimos, es una denominación popular relacionada con las iniciativas destinadas a reforzar la protección de los arrendatarios y evitar determinados desahucios. Estas medidas buscan mejorar la estabilidad residencial de las personas que atraviesan dificultades económicas.

El Decreto Ley 29/2026 introduce cambios en materia de arrendamientos, protección de personas vulnerables y procedimientos judiciales. Sin embargo, su aplicación depende de los requisitos establecidos para cada supuesto, por lo que no todos los propietarios e inquilinos se ven afectados de la misma manera.

A la fecha de la redacción de este artículo, el decreto aún está pendiente de ratificación, encontrándose en vigor en el período provisional de 30 días hasta su ratificación o no.

Puedes consultar el texto íntegro del Real Decreto-Ley 29/2026 en el BOE.

¿Por qué se llama decreto Maricarmen?

El nombre Decreto Maricarmen tiene su origen en el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de avanzada edad cuyo desahucio en Madrid generó una importante movilización social. Su situación impulsó distintas reivindicaciones relacionadas con la protección de las personas vulnerables y el derecho a la vivienda.

A raíz de este caso, diversos colectivos propusieron medidas para evitar determinados desahucios y garantizar mayor estabilidad a los inquilinos. Las modificaciones del Decreto Ley 29/2026 se deben principalmente a dicho clamor popular, aunque no se recogieron todas las reivindicaciones ciudadanas.

Principales modificaciones del decreto-ley 29/2026

Decreto Maricarmen principales modificaciones

Las modificaciones del Decreto Ley 29/2026 afectan principalmente a los contratos de arrendamiento, la protección de personas vulnerables y los procedimientos de desahucio. Su objetivo consiste en reforzar la seguridad de los inquilinos, manteniendo determinadas garantías para los propietarios.

Una de las principales novedades del decreto desahucios 2026 es la ampliación de las medidas de protección frente a determinados lanzamientos judiciales. Sin embargo, el decreto desahucios 2026 no supone la suspensión automática de todos los desahucios, ya que deben cumplirse los requisitos legales correspondientes.

El objetivo es, sobre todo, la protección de los lanzamientos en caso de que el propietario sea lo que se conoce popularmente como «fondo buitre».

Cambios en materia de arrendamiento y desahucios

La reforma contempla la suspensión de determinados desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030 para personas vulnerables sin alternativa habitacional. Esta medida refuerza la protección de las personas vulnerables en materia de vivienda.

Por ejemplo, una familia que haya perdido sus ingresos podría solicitar la suspensión del desahucio si cumple los requisitos legales. Para ello, la protección de las personas vulnerables en materia de vivienda exige acreditar su situación económica y personal.

No obstante, esta suspensión solo es automática en caso de que el propietario sea un «fondo buitre»; en los supuestos de otro tipo de propietarios, los requisitos son más estrictos. Si te encuentras en esta situación, nuestros abogados especialistas en desahucios en Madrid pueden analizar tu caso y orientarte sobre los pasos a seguir.

Medidas de protección para personas en situación de vulnerabilidad

La protección de las personas vulnerables en materia de vivienda es uno de los principales objetivos de esta reforma. Su finalidad es evitar que quienes atraviesan dificultades económicas pierdan su hogar sin disponer de una alternativa habitacional. Para ello, se tienen en cuenta sus ingresos, su situación familiar y sus circunstancias personales.

Sin embargo, la protección de las personas vulnerables en materia de vivienda no elimina la obligación de pagar el alquiler ni tampoco elimina los derechos de los propietarios. Por tanto, cada caso debe analizarse individualmente para determinar qué medidas pueden aplicarse.

La clave es poder equilibrar el derecho constitucional a la vivienda y el derecho de propiedad y las facultades que este otorga.

Otros cambios relevantes del Decreto 29/2026

Además de las medidas sobre desahucios, el Real Decreto-ley 29/2026 introduce novedades relacionadas con los alquileres temporales, el arrendamiento por habitaciones y las prórrogas contractuales. También establece determinadas limitaciones en la actualización de las rentas y medidas fiscales vinculadas a la vivienda.

Genera asimismo modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil que son de aplicación para los juicios relativos a esta materia.

La vigencia del Decreto Ley 29/2026 resulta especialmente importante para determinar qué cambios afectan a contratos anteriores. Por ello, conocer la vigencia del Decreto Ley 29/2026 y sus disposiciones transitorias permite evitar conflictos entre propietarios e inquilinos.

El decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, es decir, el 8 de octubre de 2026. Si tienes dudas sobre cómo afecta a tu contrato de arrendamiento, puedes consultar también nuestro artículo sobre la suspensión de desahucios por vulnerabilidad desde el decreto-ley 29/2026.

¿A quién afecta el decreto Maricarmen?

Las medidas afectan a propietarios e inquilinos, estableciendo nuevas garantías y obligaciones en los alquileres. Ante posibles conflictos, un abogado especializado en arrendamientos en Madrid puede asesorar a ambas partes, proteger sus derechos y ofrecer soluciones legales.

Además, contar con un abogado especializado en arrendamientos en Madrid ayuda a prevenir problemas contractuales y afrontar procedimientos de desahucio. En Garrido y Doñaque somos especialistas en derecho de arrendamientos y comunidades de propietarios.

¿Desde cuándo está en vigor el decreto-ley 29/2026?

El Real Decreto-Ley 29/2026 entró en vigor el 8 de octubre de 2026, aunque algunas medidas tienen fechas de aplicación diferentes. Además, debe someterse a convalidación parlamentaria.

Como dijimos anteriormente, al tratarse de un Real Decreto-Ley, este necesita, para mantenerse en vigor, la convalidación del Parlamento, lo que a fecha de la redacción del presente artículo aún no ha ocurrido.

Si tienes un procedimiento judicial pendiente o tienes que firmar un contrato de arrendamiento, nuestros abogados especializados en desahucios en Madrid pueden asesorarte sobre cómo te afecta la nueva normativa y qué medidas puedes solicitar.

Consulta con nuestros abogados especialistas en derecho inmobiliario

Nuestro despacho está especializado en derecho inmobiliario, arrendamientos urbanos y procedimientos de desahucio. Asesoramos a propietarios e inquilinos para resolver conflictos relacionados con el alquiler y proteger sus derechos.

Si tienes dudas sobre el decreto Maricarmen, contacta con nuestros abogados especialistas en derecho inmobiliario en Madrid. Estudiaremos tu caso y te ayudaremos a encontrar la mejor solución legal.

Preguntas frecuentes sobre decreto maricarmen

¿Qué es exactamente el decreto Maricarmen?

El decreto Maricarmen es el nombre popular con el que se conoce el Real Decreto-Ley 29/2026, de 6 de octubre, aprobado por el Gobierno español para adoptar medidas urgentes de protección de la función social de la vivienda. Su denominación popular proviene del caso mediático de Maricarmen Abascal, cuyo desahucio en Madrid generó una amplia movilización social y aceleró la tramitación de esta norma.

¿El decreto Maricarmen paraliza todos los desahucios en España?

No. El decreto-ley 29/2026 no supone la suspensión automática de todos los desahucios. La paralización del lanzamiento solo opera en determinados supuestos: principalmente cuando el propietario es un gran tenedor o fondo de inversión y el inquilino acredita una situación de vulnerabilidad económica y social sin alternativa habitacional. En el caso de propietarios particulares, los requisitos son más estrictos.

¿Cuánto tiempo está en vigor el decreto Maricarmen?

El Real Decreto-Ley 29/2026 entró en vigor el 8 de octubre de 2026, al día siguiente de su publicación en el BOE. Al ser un decreto-ley, debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días. Si no se convalida, dejaría de producir efectos. Algunas de sus medidas, como la suspensión de desahucios de personas vulnerables, tienen vigencia prevista hasta el 31 de diciembre de 2030.

¿Afecta el decreto Maricarmen a los contratos de alquiler ya firmados?

Sí, en parte. El decreto-ley 29/2026 incluye disposiciones transitorias que pueden afectar a contratos vigentes, especialmente en lo relativo a las prórrogas, la actualización de la renta y los procedimientos de desahucio en curso. Para saber cómo afecta a un contrato concreto es imprescindible analizar sus condiciones específicas junto con la normativa aplicable.

¿Qué debo hacer si mi arrendador quiere desahuciarme y creo que tengo derecho a la suspensión?

Lo primero es no ignorar ninguna notificación judicial. Si recibes una demanda de desahucio, debes acudir a un abogado cuanto antes para analizar si cumples los requisitos de vulnerabilidad que establece el decreto-ley 29/2026. El plazo para actuar es corto y la solicitud de suspensión debe presentarse ante el juzgado que tramita el procedimiento, acompañada de la documentación que acredite tu situación económica y familiar.